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viernes, 26 de noviembre de 2010

Nº 285


Editorial:

Caso Lucía Gómez. Extraño comunicado de prensa de la Juez Virginia Ginares

La Juez Ginares juzga más de la cuenta

La prensa en general no ha tenido demasiado acceso a la información sobre el caso de la muerte de Lucía Gómez, ni siquiera la familia de la infortunada joven asesinada, quien había desaparecido el pasado 22 de octubre, y encontrada muerta algunos días después.
Tanto la Justicia como la Policía han mantenido hermetismo en la información, y los únicos elementos que los periodistas hemos tenido, han sido los escuetos informes policiales, y la propia conferencia de prensa del Jefe de Policía, el 28 de octubre pasado, en la que dio algunos detalles del homicidio.
Este semanario sí sabe que hay más involucrados en el crimen de Lucía Gómez, como que incluso hay declaraciones a la policía (que estarían filmadas), donde una persona confiesa que fue cómplice directo en la violación y muerte de la joven.
Como los lectores recordarán, en la noche que se detuvo e interrogó a Alberto Jonathan Cassia, lo hizo una joven juez de paz, Dra. Silvia Urioste
Cuando los periodistas no tenemos posibilidades de informarnos, solamente podemos investigar trocito por trocito, para armar la historia. Por lo que supimos, de esta forma, que una abogada hizo cambiar la declaración al cómplice del asesinato, por lo que fríamente declaró ante la policía, lo “olvidó” cuando se enfrentó a la juez, y que Urioste hizo caso omiso a varias pruebas aportadas por la policía.
Sin embargo la Justicia de Tacuarembó, precisamente la Juez Virginia Ginares, ha sacado un extraño comunicado de prensa, que algunos abogados consultados consideraron que era una forma de “quitarse culpas”.
Veladamente la Juez Ginares, titular en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de Primer Turno, acusó a la Fiscal de no haber presentado el pedido de condena para cómplices, por lo que condenó solamente a Cassia, actualmente preso, por lo que defendió, en este comunicado, a la Dra. Urioste, fuertemente cuestionada por la opinión pública.
También acusa a la policía de pretender imponer juzgamientos, y sabemos que hubo situaciones ríspidas entre las partes.
Además, veladamente “acusa” a la parte acusadora, quizás los propios padres de Lucía, o sus vecinos, o sus amigos, o la Fiscal.
Es obvio que cada uno intentará interpretar el comunicado como le parezca, pero es extraña la subjetividad del mismo, que pretende “humanizar” a la Justicia. Asunto que sabemos sobradamente, y que lo ratificamos, cuando recordamos cómo la jueza estuvo llorando en su auto cuando le tocó interrogar al asesino de Lucía.
Transcribimos comunicado de prensa, entregado en el Juzgado por un cabo de la policía, quien nos expresó que lo había redactado la Juez Ginares:

“Comunicado
“A raíz de los hechos de pública notoriedad ante la muerte de la joven Lucía Gómez, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de Primer Turno considera necesario realizar las siguientes precisiones:
1. La misión del Poder Judicial consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, debiendo conducirse según procesos, elencos de delitos, medidas a imponer y sanciones definitivas establecidos en leyes creadas por el Poder Legislativo.
2. El Poder Ejecutivo participa en el proceso penal a través de la actividad de la Policía en la investigación de los hechos y aporte de elementos probatorios que serán volcados al expediente.
3. El Poder Ejecutivo participa también a través de la intervención del Ministerio Público (Fiscales), titular de la acción penal es quien solicita, según la prueba existente, el inicio de proceso penal, a quién/es, por qué delito y si pretende como medida cautelar la prisión del o los encausados.
4. Así definidos los roles se garantiza a todas las personas que quien investiga no decide y que quien acusa no juzga.
5. En definitiva, con los elementos de prueba aportados hasta el momento el Ministerio Público solicitó el procesamiento de J.C. por un delito de homicidio muy especialmente agravado y así fue resuelto por la Sra. Juez actuante. Respecto de otros supuestos implicados hasta tanto no se repita este itinerario de prueba, solicitud fiscal y resolución judicial, no corresponde la calificación jurídica de las situaciones legales de las personas.
6. Asimismo resulta ineludible resaltar que el Poder Judicial en las personas de sus Jueces, Funcionarios y Técnicos está inmerso en la sociedad y no permanece ajeno al dolor de quienes sufren por la acción de otros.
7. En este elenco de ideas, corresponde destacar que la prensa tiene un importante rol que cumplir pues la información completa y veraz contribuye no sólo a la difusión de los derechos de las personas sino al conocimiento del funcionamiento del sistema republicano de gobierno que todos nos hemos conferido a través de nuestros representantes democráticamente elegidos.
8. Deseamos expresar nuestras condolencias a la familia de Lucía Gómez por lo padecido no solo respecto al desenlace de la desaparición de su hija sino por la difusión de los hechos que no protegió debidamente ni su duelo ni su dignidad, lo que se hace extensivo a otras familias que han sufrido hechos de violencia. Finalmente vaya nuestro reconocimiento a todas las personas que desde los distintos lugares que ocupan contribuyen a una convivencia pacífica con respeto del Estado de Derecho.
Tacuarembó, 24 de noviembre de 2010”

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La familia Gómez llegará a la Suprema Corte de Justicia

Otra perla de la desinformación que existe, es la increíble negativa que tuvo el padre de Lucía, Abel Gómez, de tener acceso al expediente de la muerte de su propia hija.
El Dr. Juan Antonio Otegui, abogado de la familia Gómez, solicitó la vista del expediente, sin embargo el mismo fue negado por la Juez Dra. Virginia Ginares.
Ante esta situación, Acción Informativa estuvo conversando con Abel Gómez, quien dijo que su familia ya sabe que no va a tener más a Lucía, pero no quieren venganza, ni que los usen para ninguna cuestión pública mediática, ni tienen rencor. Pero asegura que de confirmarse negligencia por parte de la Justicia de Tacuarembó, llegarán a la Suprema Corte para denunciar la misma.
Quizás lo insólito es que se negó al Dr. Otegui la vista del expediente, por no ser él el interesado directo, a pesar de ser el abogado de la familia, quien tiene derecho a ser representada por su patrocinante. En esa parte de la fundamentación de la Dra. Ginares, dice:
“La Sede dictó providencia en Pieza Incidental: “requiriéndose al letrado patrocinante acreditar la legitimación activa que invoca y a la luz de la normativa aplicable conforme al CPP y objeto de la petición”.
Por tanto, a los efectos de dar cumplimiento con el acto jurisdiccional precitado, se formulan una serie de apreciaciones jurídico-formales.
En primer término se deja expresa constancia que el compareciente, no es el letrado patrocinante, sino el Sr Abel Gomez, tal como surge del escrito que antecede.
Por tanto, la legitimación activa le corresponde a la persona que suscribe el escrito, y no a su letrado patrocinante”

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